Buscan aclarar el caso de las empresas “fantasmas”
Ante la negativa del PRI, mayoría en el Congreso, de instruir a la Auditoría Superior del Estado para que realice una investigación exhaustiva sobre las presuntas anomalías relacionadas con proveedores y pago de facturas de la Coordinación de Comunicación Social del Ejecutivo del Estado, el Dip. Pedro Couoh Suaste acudió a la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ejecutivo estatal, a fin de obtener información de la CGCC.
El escrito, dirigido al Lic. Antonio Sosa Mendoza, titular de la UAIP, fue recibido a las 8:55 horas de hoy viernes 4 de febrero.
El legislador panista solicitó copias (en todos los casos certificadas) de facturas emitidas por seis empresas que avalan supuestos servicios prestados al Ejecutivo estatal pero, sobre todo, pidió se le entregue toda la documentación que solvente el destino del gasto, o sea, que comprueben qué tipo de actividades realizaron las personas morales o físicas a cambio del pago establecido en las facturas.
El Dip. Couoh Suaste cita en su escrito, para sustentar este último punto de su solicitud, el artículo 34 del capítulo IV de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público que señala que deberá diseñarse un control interno eficaz que permita la fiscalización de las operaciones que conlleven a evaluar la eficacia del gasto público.
También pide se le informe bajo qué modalidad fue adjudicado el bien y/o servicio que amparan las facturas y solicita copia de los documentos del procedimiento que se siguió para asignarles el contrato, esto con base en la ley de adquisiciones de bienes y servicios.
Las empresas de las cuales se pidió información son: Jamil Productos y Servicios, S.A., de C.V.; Especialización de Servicios Comerciales, S.A. de C.V.; Lenín Amílcar Ham; Asesoría y Comercializadora Zavach, S.A., de C.V.; Condimat, S.A., de C.V.; e Integradora de Yucatán, S.A., de C.V., que, como se ha informado, fueron creadas recientemente, carecen oficinas e incluso de teléfono por lo que se les ha catalogado como empresas “fantasmas” que venden facturas al Ejecutivo estatal, y que en conjunto se calcula que reciben alrededor de $35 millones al año.
- Comunicación Social Diputados PAN Yucatán.
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