El Dip. Barrera Concha presenta una iniciativa para consolidar la transparencia
A fin de consolidar la transparencia en la actuación de los servidores públicos, el Dip. Renán Barrera Concha presentó una iniciativa durante la sesión de hoy del Congreso para reformar las leyes de Acceso a la Información Pública y de Responsabilidades de los Servidores Públicos, ambas del Estado de Yucatán.
Señaló que se requiere contar con un instrumento que permita combatir la corrupción a través de la transparencia y la información y adecuar varios artículos del ordenamiento local sobre el acceso a la información, con la Ley federal en la materia, a fin de homologar criterios y procedimientos para beneficio de los ciudadanos.
—Como legisladores locales, tenemos la obligación fundamental de promover leyes y reformas que actualicen y hagan más eficaz el marco jurídico que rige nuestras instituciones –expresó en su exposición de motivos—. Como diputado, atento a los derechos, demandas y necesidades de la población, he venido considerando impulsar un cambio en las formas y modos de relación entre los poderes públicos y los ciudadanos, basado en la transparencia de las decisiones, mecanismos y métodos de operación de las autoridades.
El legislador panista dijo que es necesario crear un compromiso legal que marque para el estado un camino hacia la transparencia y la apertura total a fin de que la información se abra para todos y que sea accesible y se comparta con los ciudadanos.
Entre las propuestas del Dip. Barrera Concha para hacer más efectiva la Ley de Acceso a la Información Pública destacan las siguientes:
—Que se incluya a los partidos políticos como sujetos obligados a proporcionar información. Crear la figura de “declaración de intereses”, mediante la cual los funcionarios deberán declarar si tienen intereses en empresas o negociaciones.
—Que el costo de la obtención de la información pública sea directamente proporcional al material empleado, sin lucro para la autoridad.
—Reducir a 60 días, en vez de los seis meses actuales, el plazo que tienen los sujetos obligados para publicar y mantener actualizada la información que se genera y que están obligados a dar a conocer.
—Ciudadanización del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública para que el trabajo de los consejeros se realice de la manera más objetiva y profesional posible, así como también que estén suficientemente capacitados y no tengan vínculos estrechos con ningún partido político.
—Que los consejeros del Instituto sean abogados dado que los asuntos que estudian son de estricta legalidad y no de intuición o conocimientos generales, además de que toman decisiones que son vinculatorias y en contra de ellas procede el amparo. También que los consejeros no hayan sido funcionarios de alguno de los sujetos obligados durante los dos años anteriores a su nombramiento y que no puedan ocupar el cargo quienes hayan sido dirigentes o candidatos a elección popular en los cinco años anteriores a su nombramiento.
—Quitar al Secretario Ejecutivo la facultad de resolver Recursos de Inconformidad y transferirla al Consejo, a efecto de otorgarle mayor certeza jurídica a los actos que emita el Instituto. Dar facultades al Instituto para acceder a la información clasificada como confidencial y así verificar que haya sido clasificada correctamente de esta manera.
—Que el plazo de seis meses para que los sujetos obligados proporcionen información sea solamente para casos excepcionales (revisada por el Consejo General), debidamente justificados y cuando existan razones suficientes que impidan entregar la información solicitada en el plazo original.
—Que al interponer el recurso de inconformidad se aplique la figura de la suplencia de la queja al momento de conocer el recurso, para que se hagan correcciones de las omisiones, errores o deficiencias en qué hubiere incurrido el recurrente.
—Se propone derogar los artículos 50, 51, 52 y 53 relativo al recurso de revisión, esto además con el ánimo de obtener una mayor economía procesal y menor tiempo en la proporción de la información.
—Se propone elevar las multas, cuya máxima es actualmente de 150 días de salario mínimo del Estado, a 300 días.
En cuanto a las reformas a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, es para agregar el capítulo denominado “De la declaración de Intereses de los Servidores Públicos”, con lo que se obligaría los servidores públicos a individualizar las actividades profesionales y económicas en las que formen parte, con el objeto de poder determinar en casos futuros algún conflicto de intereses.
—Cuando un servidor público se beneficia en forma intencional o beneficia a un tercero, se genera un conflicto de interés y muchas veces esto puede repercutir en el acceso que los ciudadanos deben tener a la información pública por tratarse de asuntos que tienen que ver con el servidor público. Incluye las acciones registradas y la actividad política partidista, así como la información que corresponda a su cónyuge y dependientes económicos; –manifestó el Dip. Barrera Concha—. Esta declaración deberá hacerla durante los 30 días después de asumir el cargo.
- Comunicación Social Diputados PAN Yucatán.
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