Posicionamiento de la presidenta estatal del PAN
Por Comité Directivo Estatal
El secuestro del ciudadano Eduardo Chuc Baas, ex alcalde de Dzemul, saca a relucir prácticas de la prehistoria política que deben ser condenadas y sancionadas con todo rigor por la sociedad.
En menos de 24 horas se ha suscitado una cadena de represiones e intimidaciones contra yucatecos con el común denominador de que todos se atrevieron a denunciar irregularidades e ilegalidades del Poder Ejecutivo que está en manos de Ivonne Ortega Pacheco.
1.- El cuñado de la gobernadora, en clara intimidación solicita auditorías contra los ayuntamientos de Cansahcab y Bokobá, cuyos presidentes municipales denunciaron un acto de corrupción en el que está directamente involucrada Ortega Pacheco. Todos conocemos este caso, se trata de la famosa cena convocada por Carlos Farjat Sánchez quien ofreció, en nombre de la gobernadora, apoyos y beneficios a cambio de que los alcaldes hagan ganar al PRI en sus respetivos municipios.
2.- El ex alcalde de Dzemul, es secuestrado por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública, en una operación encabezada por el Subprocurador de Justicia, Rafael Acosta Solís, a consecuencia de que públicamente se quejó del cierre de sus negocios y de un intento de soborno de funcionarios públicos.
3.- A los anteriores casos habría que sumar otros como los excesos cometidos en la auditoría que se practicó al Ayuntamiento de Mérida, la violación de derechos constitucionales en Sotuta al impedir la SSP la entrada del alcalde y del Cabildo para sesionar, etc.
Definitivamente tenemos las suficientes evidencias para afirmar que en Yucatán se quiere arraigar una nueva era de terror e intimidación contra todo ciudadano que tenga el valor civil de denunciar actos de corrupción.
Lo ocurrido con el ex alcalde de Dzemul no fue una detención sino un secuestro a cargo de autoridades que ejecutaron una orden de Palacio de Gobierno, con la que fueron vulneradas todas las garantías individuales de un ciudadano.
Con estos hechos lamentables se observa violación a las garantías constitucionales, ya que nadie puede ser privado de su libertad sin que medie orden de un juez. Privación ilegal de la libertad derivado en un secuestro, ya que no hubo investigación previa y menos orden de aprehensión. No fue detenido en flagrancia porque tenemos la evidencia gráfica de cómo ocurrieron los hechos y la forma violenta en que fue sacado de su domicilio el afectado. Allanamiento de morada, ya que los agentes, sin orden expresa de juez, invadieron una propiedad privada. Excesivo uso de la fuerza policiaca ante un asunto de poca trascendencia como la presunta ruptura de sellos, además de que todo estuvo basado en una simple llamada anónima y no hubo investigación alguna de por medio.
El uso indebido de la fuerza del Estado y de las instituciones para reprimir a los ciudadanos al margen de la ley, es la verdadera esencia de la guerra sucia, práctica reeditada de los regímenes priístas. ¿Es este el gobierno en donde se hacen realidad los sueños o en donde los sueños se convierten en pesadillas que vivimos despiertos?
En consideración a lo anterior, solicitamos la inmediata liberación del señor Chuc Baas, ya que no es un detenido sino un secuestrado, la renuncia de Rafael Acosta Solís, operador de estos actos de abuso de autoridad, y por la reiterada demostración de su incapacidad en el cargo que ocupa.
- Tomado del sitio web del CDE.
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