El PRI solapa una vez más a la alcaldesa: Tito Sánchez Camargo
A pesar de que es evidente la violación grave y sistemática a la garantía de seguridad jurídica
El día de hoy en la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación fue rechazada por la mayoría priista la solicitud de juicio político a la alcaldesa Angélica Araujo Lara, como presunta responsable de las agresiones ocurridas el pasado 4 de julio en la Prolongación de Paseo de Montejo.
Como Secretario de esta Comisión, el Dip. Tito Sánchez Camargo solicitó a los legisladores al inicio del debate cumplir con el requisito de imparcialidad que ordena imperativamente el artículo 17 de la Constitución General de la República, para lo cual pidió “despojarse de sus intereses partidistas o del grupo político al que pertenecen para actuar sin violar este fundamental principio que consagra la garantía de justicia en nuestro país”, indicó el diputado panista.
Durante su participación Tito Sánchez manifestó que el cuadro entregado para el análisis de los supuestos del Artículo 12 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, se trata de una relación incompleta, segregada y parcial de la denuncia de juicio político en el que no se citan todos los hechos de la denuncia, omitiendo los hechos cuarto, quinto y octavo.
Indicó también que en dicho cuadro de análisis no se vinculan los hechos de la denuncia con las consideraciones jurídicas; no se hace ningún análisis de las razones por las cuales los hechos podrían o no encuadrar en los supuestos que contempla el Artículo 7 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán:
“En síntesis, se trata de una exposición aislada y desarticulada de la denuncia que debe contemplarse y analizarse en forma completa, integral y vinculada con las pruebas anexadas” indicó Sánchez Camargo.
El diputado panista añadió “que es claro que las violaciones a las garantías individuales denunciadas son graves y sistemáticas ya que, por ejemplo, se violaron, de acuerdo con la denuncia, las leyes de Obras Públicas, de Asentamientos humanos, de Profesiones, de Gobierno de los Municipios, de Equilibrio Ecológico, el Reglamento de Preservación de la Zona de Patrimonio Cultural y la Constitución federal, ésta última en cuanto a garantizar los derechos humanos”.
E insistió: “Hubo violación sistemática a las garantías individuales y se violó la seguridad jurídica” –manifestó el legislador panista—. “No veo porqué negarse a que la denuncia sea admitida y proceda la creación de la Comisión Instructora para que revise a fondo si cada uno de los planteamientos de los denunciantes es verdadero”.
El Dip. Sánchez Camargo lamentó que la solicitud fuera desechada toda vez que la documentación presentada hace evidente que sí es procedente el juicio, basado en el artículo 7º de la Ley de Responsabilidades: “A pesar de que es evidente la violación grave y sistemática a la garantía de seguridad jurídica de la Alcaldesa de Mérida, el Partido Revolucionario Institucional la ha solapado una vez más”.
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