Confirmado: diputados del PRI rechazan el juicio político contra la alcaldesa Araujo Lara
Como se esperaba, la mayoría priísta de la Comisión de Puntos Constitucionales rechazó hoy por “totalmente improcedente” la demanda de juicio político que en contra de su correligionaria, la alcaldesa Angélica Araujo Lara, interpusieron 18 agrupaciones cívicas derivada de las agresiones que sufrieron numerosos ciudadanos el 4 de julio pasado cuando protestaban en la glorieta del Paseo de Montejo contra la construcción de de un túnel vial.
Incluso, los diputados priístas intentaron que el Dip. Renán Barrera Concha, vocal de la Comisión de Puntos Constitucionales, no participase en la discusión por considerar que tiene interés particular en el asunto.
Ante una sala de sesiones previas llena con personas afines a los legisladores del partido tricolor, mientras se impedía el acceso al Congreso a representantes de los grupos cívicos que presentaron la demanda, los priístas, en voz del presidente de la Comisión, Víctor Caballero Durán, se arrogaron como poseedores únicos de la verdad al señalar que sus argumentos eran “estrictamente jurídicos y otros ( los del PAN) subjetivos”.
No se tomaron en cuenta los argumentos que presentaron por escrito y verbalmente los legisladores Barrera Concha y Tito Sánchez Camargo, secretario de la Comisión, ni las pruebas que incluyeron en su demanda los grupos cívicos, incluyendo dictámenes periciales de profesionales de la arquitectura en contra de la obra que realiza el Ayuntamiento.
También estuvo presente el Dip. José Collado Soberanis.
Incluso, los priístas se tomaron atribuciones que corresponderían a la Comisión Instructora que daría seguimiento al juicio político, al analizar de fondo las pruebas aportadas por los demandantes, en contra de lo ofrecido por Caballero Durán, quien señaló que la Comisión no podía entrar al análisis de fondo de la denuncia ni valorar pruebas sino sólo determinar si las conductas que se imputan se encuadran en lo dispuesto en el artículo 7º. de la Ley de Responsabilidades.
En apenas una hora con 40 minutos se desechó la demanda y se ordenó la elaboración del dictamen en el que se consideró que ésta era notoriamente improcedente y, por tanto, se ordena desecharla.
Durante la discusión, Carlos Pavón Flores, del PRI, opinó que la demanda era totalmente improcedente y debía ser desechada de plano porque no contemplaba ninguna de las causales previstas en la Ley de Responsabilidades de loa Servidores Públicos.
—Se trata sólo de intereses particulares y que atañen a los denunciantes, por lo que la demanda resulta improcedente. El juicio es para velar por los intereses de la colectividad en general –opinó el legislador priísta con lo que coincidieron sus compañeros de partido.
—No podemos hacer juicios de valor sobre las pruebas que se presentan en la denuncia –subrayó el Dip. Barrera Concha—. Sólo debemos revisar si se cumple o no lo previsto en la ley.
—Están tomando una decisión político-partidista en esta Comisión al no darle siquiera trámite a este juicio –advirtió.
A su vez, el Dip. Sánchez Camargo manifestó que es claro y evidente que sí es procedente el juicio, basado en el artículo 7º de la Ley de Responsabilidades.
Añadió que es claro que las violaciones a las garantías individuales denunciadas son graves y sistemáticas ya que, por ejemplo, se violaron, de acuerdo con la denuncia, las leyes de Obras Públicas, de Asentamientos humanos, de Profesiones, de Gobierno de los Municipios, de Equilibrio Ecológico, el Reglamento de Preservación de la Zona de Patrimonio Cultural y la Constitución federal, ésta última en cuanto a garantizar los derechos humanos.
—Hubo violación sistemática a las garantías individuales y se violó la seguridad jurídica –manifestó el legislador panista—. No veo porqué negarse a que la denuncia sea admitida y proceda la creación de la Comisión Instructora para que revise a fondo si cada uno de los planteamientos de los denunciantes es verdadero.
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