La alcaldesa y el PRI usan su mayoría para evitar la transparencia
Los regidores de Acción Nacional en el Cabildo de Mérida propusieron anoche la creación de una comisión especial de ediles para investigar las denuncias por las lámparas chinas, pero la medida fue bloqueada por los regidores del PRI, encabezados por Angélica Araujo Lara, con lo que dejaron en claro que se oponen a la transparencia.
Como se sabe, el 15 de enero pasado se aprobó el reemplazo de 82,430 luminarias de vapor de sodio de alta presión por otras de inducción magnética. De acuerdo con el Ayuntamiento, la medida representaría un ahorro en el pago de la energía eléctrica, pero pronto surgieron denuncias de sobreprecios e intereses creados en el procedimiento de adjudicación.
El coordinador de la bancada panista, Luis Canto García, indicó en sesión de Cabildo que ante las denuncias públicas sobre la falta de transparencia, la adjudicación de la licitación, la calidad de las luminarias y sobre todo, el precio elevado de las lámparas chinas presentadas por el arrendador, es necesario la creación de una comisión especial para darle seguimiento a este caso.
El edil subrayó que su propuesta se basaba en los artículos 41 inciso A fracción IV y V y artículos 50, 52, 53 y 64 fracción II de la Ley de gobierno de los municipios del Estado de Yucatán.
El regidor Jaime Casanova Martínez subrayó también que la comisión especial le daría especial seguimiento al proceso de adjudicación y licitación del cambio de lámparas, pero la propuesta panista sólo recibió 7 votos a favor, pues la mayoría priísta y el independiente votaron en contra.
EL INFORME
La regidora Claudia Canto Mézquita exhibió las mentiras de la alcaldesa en su informe de gobierno, pues habla de 10,416 “acciones” de vivienda, pero incluye en ese listado todo tipo de trámites, obligaciones patronales y hasta la entrega de fardos de láminas de cartón. Añadió que en realidad, la Comuna ha contribuido con la edificación de 970 viviendas.
Antes, la funcionaria solicitó una vez más la entrega del presupuesto modificado de egresos, pues es una herramienta indispensable para verificar si hay o no recursos, pero también fue ignorada.
Lizette Mimenza Herrera pidió que se incluya en un convenio que se aprobó anoche una cláusula para prevenir que se pase por alto la autoridad del Cabildo, medida que fue aceptada sin discusión.
Casanova Martínez pidió también copia de recibido del pago de finiquito de Juan Carlos Herrera Chalé, señalado como líder del sindicato de matarifes de Abastos de Mérida, con la explicación legal y financiera de cómo fue calculado ese monto.
También pidió copia de los últimos tres recibos de nómina y un reporte sobre su horario laboral y sus obligaciones formales, nombre de sus jefes inmediatos, de acuerdo con el organigrama de la dependencia, y los nombres de las personas que laboralmente dependían de él, si los hubiera. La solicitud fue entregada directamente a la alcaldesa.
Otra solicitud que fue entregada a la primera edil fue la que presentaron los regidores Cinthya Valladares Couoh y Mario Aragón Castillo, quienes denunciaron que la reconstrucción del mercado de La Pepita se encuentra detenida y que los locatarios se encuentran temporalmente en la calle y sin energía eléctrica.
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