El PAN presenta una iniciativa para “romper tabúes” en la administración pública
La Dip. Magaly Cruz Nucamendi presentó a nombre del Grupo Parlamentario del PAN, que coordina, una iniciativa de reformas a la Constitución Política del Estado de Yucatán a fin de que en el nombramiento de funcionarios, el Ejecutivo estatal procure “mantener un equilibrio entre mujeres y hombres en dichos cargos”.
Pidió incluso que el Ejecutivo estatal procure ese equilibrio al enviar la terna para el nombramiento de magistrados del Poder Judicial.
—En nuestra entidad, a pesar que desde el año pasado este Congreso aprobó la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Yucatán, todavía falta mucho para su ejecución –expresó la legisladora panista—. Un ejemplo de su incumplimiento es la fracción V del artículo 32 de dicha ley que manda a las autoridades la participación equitativa de mujeres y hombres en altos cargos públicos; peor aún, de las 15 secretarías de la administración estatal y de otras importantes áreas, sólo una mujer ocupa la titularidad: en la Secretaría de la Juventud.
—En nuestro país existe la tendencia para valorar las capacidades que tienen las mujeres, pero tenemos que reconocer que aún existen grupos que se rehúsan a dicho reconocimiento –dijo—. Todavía quedan tabúes que romper respecto a las mujeres y si hablamos de espacios públicos y políticos la situación dista mucho de ser equitativa; la triste realidad es que las decisiones políticas provienen en su mayoría del género masculino pero existe la esperanza cierta y la preparación sobrada para que en futuro próximo las mujeres ocupemos desde la más humilde comisaría hasta la Presidencia de la República. Esto es una verdad y seguro será una realidad.
La Dip. Cruz Nucamendi precisó que no significa que mujeres y hombres deban convertirse en iguales, sino que tengan las mismas condiciones y oportunidades para ejercer plenamente sus derechos y responsabilidades, sin importar el sexo con el que han nacido.
—La Constitución Política del Estado otorga al titular del Poder Ejecutivo la facultad de nombrar a los servidores públicos de ese Poder; salvo las excepciones que ese mismo cuerpo normativo contempla, como puede ser la sujeción a ratificación por parte del Congreso local, o la participación de cualquier otra entidad pública en casos concretos –abundó—. Los servidores públicos nombrados por el Gobernador, deben responder a la capacidad, preparación y honradez que el cargo amerita, y además deben gozar de la confianza del titular del Ejecutivo, pues es él el principal Responsable de la gestión de su gobierno.
—Las mujeres con las aptitudes, competencias y cualidades idóneas para desempeñar cualquier cargo dentro de la Administración Pública local, aún suelen encontrar desventajas por razón de género –señaló—. Sin afán de quebrantar la libertad del Ejecutivo para designar su propio gabinete, como parte esencial del fomento de la cultura de la equidad, es imperativo que nuestra propia norma fundamental local promueva la inclusión de la mujer en cargos públicos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario