A pesar de las deudas el PRI aprueba las cuentas del segundo semestre del Poder Ejecutivo
Sin esclarecerse la falta de pago a los ejidatarios por la compra-venta de las tierras de Ucú con un préstamo contraído en el 2008, así como el uso que se dio al empréstito por 1,870 millones de pesos que se contrajo el año pasado, los diputados del PRI aprobaron el día de hoy en sesión plenaria las cuentas del Poder Ejecutivo correspondientes al segundo semestre del 2009.
“Que la historia sea la que registre quienes fueron parte de la complacencia y no de la fiscalización del dinero de los ciudadanos”, dijo la diputada Patricia Gamboa Wong al momento de exponer que los legisladores integrantes de Acción Nacional votarían en contra del dictamen que se ponía a la consideración del pleno.
Sobre el esclarecimiento del uso por parte del Poder Ejecutivo a los recursos contraídos por medio de las deudas Gamboa Wong señaló que “son motivos más que suficientes para no dar el aval y aprobar el despilfarro de dinero al que este Gobierno priista nos tiene sometidos, porque no basta con lo anterior, sino que ahora ya se está gestando una nueva deuda, ahora por 143 millones de dólares lo que motiva a dejar limpias las cuentas estatales para tratar de demostrar que todo está bien, que todo es correcto”.
Sobre el caso de Ucú la coordinadora de los diputados locales de Acción Nacional recordó que el Poder Legislativo autorizó un crédito por 360 millones de pesos para la compra de tierras.
“Han sido graves las irregularidades e ilegalidades cometidas en ese asunto por parte de los funcionarios del Gobierno del Estado, y de quien fuera la titular del Instituto de Vivienda en ese entonces”, dijo la legisladora panista.
Y agregó “es tal el conflicto de tierras en Ucú que el gobierno encabezado por Ivonne Ortega no ha podido decir cómo es que ya ejerció casi los 360 millones de pesos destinados a la compra de tierras en este lugar, sin existir los títulos de propiedad de los mismos para realizar le operación de compra venta”.
Gamboa Wong señaló un oficio de fecha 8 de Octubre de 2009 en el que la titular del Poder Ejecutivo informaba al Congreso del Estado el estado que guardaba la deuda pública de hasta el 30 de septiembre de 2009.
“El oficio firmado por la titular del propio Poder Ejecutivo dice que ya se ejerció casi la totalidad del préstamo, es decir, 343,375 millones de pesos, ¿En qué se ejerció ese recurso público si aún no existen títulos de propiedad para comprar? ¿En qué se gastó ese dinero? ¿Qué compró el Ejecutivo estatal entonces? Si en voz de la propia gobernadora y del consejero jurídico han reconocido que no existen títulos de propiedad?”, preguntó la diputada.
Insistiendo que además en los archivos de la Comisión Nacional Forestal se demuestra que esas tierras son forestales, “la ley agraria es muy clara al respecto ya que en su artículo 59 se especifica que será nulo de pleno derecho la asignación de parcelas en bosques o selvas tropicales”.
“Ante tales circunstancias, existe una averiguación previa ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, por el delito de peculado, interpuesto por legisladores federales contra el Ejecutivo estatal.”
Sobre el caso de los 1870 millones de pesos la diputada recordó que en el segundo semestre del año 2009 se llevó a cabo el endeudamiento más grande de la historia de Yucatán.
“Al aprobar la mayoría priísta el 18 de septiembre de 2009 un empréstito hasta por la cantidad de 1870 millones de pesos sin especificar para qué obras, servicios y uso sería destinado tal monto estratosférico de deuda.”
Y recordó que los diputados del PAN propusieron la creación de una comisión de vigilancia y seguimiento al uso de esta deuda, “la propuesta que fue presentada en su momento no fue ni siquiera atendida, claro está, para que nadie sepa cómo se gasta el dinero del pueblo”.
Los diputados del PRI y la independiente Doris Candila Echeverria aprobaron las cuentas del Poder Ejecutivo con el voto en contra del PAN y la del PRD.
También en el orden del día de lo que fue el tercer período extraordinario de sesiones correspondiente al tercer año constitucional de la LVIII Legislatura del Congreso del Estado se enlistó la aprobación de las leyes de pesca y acuacultura sustentable del Estado de Yucatán y la ley para prevenir y eliminar la discriminación en el Estado de Yucatán. La primera se aprobó por unanimidad, la segunda con el voto en contra de la diputada Bertha Pérez Medina.
Asimismo se aprobaron por mayoría las cuentas de 32 organismos de la administración pública.
- Fracción Parlamentaria del PAN en el Congreso del Estado.
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